CNDH EMITE RECOMENDACIÓN A FISCALÍA DE JALISCO POR IRREGULARIDADES EN CASO DEL RANCHO IZAGUIRRE

México.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) tras detectar presuntas irregularidades en la investigación realizada en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

De acuerdo con el organismo nacional, durante la revisión del caso se identificaron deficiencias en el procesamiento técnico de los indicios localizados en el sitio, lo que pudo afectar el desarrollo de la investigación y el esclarecimiento de los hechos relacionados con este lugar.

La Comisión explicó que entre las irregularidades detectadas se encuentran fallas en diversos procedimientos fundamentales para el manejo de evidencias, particularmente en aspectos como la identificación, documentación, levantamiento, embalaje, sellado, etiquetado y traslado de los indicios localizados durante las diligencias.

Según el análisis realizado por la CNDH, estas omisiones habrían impactado la adecuada preservación del lugar de los hechos, así como la eficacia de las indagatorias desarrolladas por las autoridades encargadas del caso.

El organismo detalló que fue en marzo de 2025 cuando decidió atraer la investigación, luego de recibir diversas denuncias relacionadas con posibles violaciones a derechos humanos durante el proceso de investigación realizado en el sitio.

A partir de esta decisión, personal especializado de la Comisión acudió al Rancho Izaguirre para llevar a cabo diligencias de observación, reconocimiento y análisis del procedimiento aplicado por las autoridades ministeriales.

Durante estas inspecciones, la CNDH identificó diversas inconsistencias relacionadas con la cadena de custodia de varios objetos y prendas aseguradas en el lugar.

La cadena de custodia es un procedimiento fundamental en las investigaciones judiciales, ya que permite garantizar que las evidencias recolectadas en una escena se mantengan intactas, debidamente registradas y resguardadas durante todo el proceso de investigación.

Sin embargo, durante la revisión del caso, la Comisión señaló que no se encontraron registros que acreditaran el aseguramiento formal de algunos objetos, ni documentación que confirmara que se hubieran realizado los procedimientos correspondientes para garantizar su correcta conservación.

En ese sentido, el organismo indicó que no se localizaron registros de inspección, aseguramiento ni documentación relacionada con el levantamiento de indicios, lo cual genera dudas sobre el cumplimiento de los protocolos establecidos para el procesamiento de la escena.

La CNDH también señaló que, aunque existía un documento de Mando y Conducción en el que se instruía a las autoridades encargadas del caso a realizar los registros correspondientes de inspecciones y aseguramientos, no se encontraron constancias que confirmaran que dichas instrucciones se hubieran cumplido plenamente.

Según el informe del organismo, estas omisiones podrían estar relacionadas con la actuación del personal de la Policía de Investigación adscrita a la Fiscalía de Jalisco, así como con funcionarios del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes participaron en el procesamiento de evidencias en el lugar.

De acuerdo con la información proporcionada por la Comisión, el Rancho Izaguirre permanecía bajo resguardo de la Fiscalía del Estado de Jalisco, institución que tenía la responsabilidad de coordinar las diligencias relacionadas con el levantamiento, aseguramiento y análisis de evidencias que pudieran estar vinculadas con posibles hechos delictivos.

El organismo nacional señaló que el adecuado procesamiento de los indicios es un elemento clave para garantizar el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos, ya que cualquier irregularidad en el manejo de evidencias puede afectar la solidez de las investigaciones y la determinación de responsabilidades.

En ese contexto, la recomendación emitida por la CNDH busca que las autoridades involucradas revisen y fortalezcan sus procedimientos de investigación, así como implementar medidas que permitan evitar la repetición de este tipo de irregularidades.

Entre las acciones sugeridas se encuentran la revisión de los protocolos de actuación, la capacitación del personal encargado del procesamiento de evidencias y la adopción de mecanismos que garanticen el respeto a los derechos humanos durante las investigaciones.

La Comisión reiteró que el cumplimiento adecuado de los procedimientos periciales y ministeriales es fundamental para asegurar investigaciones eficaces, transparentes y respetuosas de los derechos de las víctimas y sus familias.

Finalmente, el organismo subrayó que continuará dando seguimiento al caso con el propósito de garantizar que se adopten las medidas necesarias para corregir las irregularidades detectadas y fortalecer los mecanismos de justicia.