CAPACITAN A SERVIDORES PÚBLICOS DE TULANCINGO EN CONTRALORÍA SOCIAL

Tulancingo, Hidalgo.
Servidoras y servidores públicos del Gobierno Municipal de Tulancingo participaron en una capacitación intensiva en materia de contraloría social, una actividad orientada a fortalecer los conocimientos y las herramientas necesarias para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos destinados a obras y programas de beneficio social.

La jornada formativa estuvo dirigida a personal que participa directa o indirectamente en la gestión, administración y ejecución de recursos públicos. El propósito central fue reforzar los mecanismos institucionales que permiten asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y el correcto seguimiento de los proyectos impulsados por la administración municipal. Este tipo de capacitaciones resulta crucial, ya que según datos de la Auditoría Superior de la Federación, una parte importante de las irregularidades en el gasto público se origina por desconocimiento normativo más que por dolo.

Durante la capacitación se abordaron diversos temas relacionados con la contraloría social, una figura jurídica que promueve la participación ciudadana en la vigilancia de programas y acciones gubernamentales. En términos prácticos, permite que la población tenga un papel activo en la supervisión del uso de los recursos públicos, actuando como un "contralor honorario" sin necesidad de ser funcionario.

La directora de Contraloría Social, Karla Paola Tovar Martínez, destacó que este mecanismo cuenta con más de tres décadas de vigencia normativa en México, consolidándose como una herramienta fundamental para fortalecer la transparencia en la gestión pública. La funcionaria explicó que la contraloría social permite que la ciudadanía participe de manera directa en la supervisión de obras y programas financiados con recursos públicos, lo que contribuye a prevenir prácticas de opacidad y a fomentar una cultura de responsabilidad en la administración gubernamental.

Asimismo, señaló que la colaboración entre autoridades y sociedad es clave para garantizar que los proyectos sociales se desarrollen conforme a los objetivos establecidos y en beneficio real de las comunidades. Sin esta colaboración, los recursos corren el riesgo de desviarse o aplicarse ineficientemente.

Por su parte, David Gallegos Cerón, subdirector adjunto de Contraloría Social de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, participó en la capacitación para explicar el papel que desempeñan las instituciones públicas en la promoción de prácticas de transparencia y rendición de cuentas.

El funcionario destacó que el trabajo coordinado entre gobierno y ciudadanía es fundamental para asegurar una aplicación eficiente, honesta y responsable de los recursos públicos, especialmente aquellos destinados a programas sociales y obras comunitarias. Durante su intervención, subrayó que la contraloría social no solo representa un mecanismo de vigilancia, sino también una oportunidad para fortalecer la confianza entre la población y las instituciones. En un contexto donde la desconfianza hacia los gobiernos es alta, estos mecanismos actúan como un puente reparador.

En la capacitación también se abordó la importancia de los órganos internos de control, instancias responsables de supervisar el cumplimiento de las normas administrativas dentro de las dependencias gubernamentales. Las autoridades explicaron que estos órganos desempeñan un papel fundamental para garantizar que los recursos públicos se utilicen conforme a los principios de legalidad, eficiencia, transparencia y responsabilidad.

Sin embargo, se enfatizó que la correcta aplicación de los recursos no depende únicamente de los órganos de control, sino también de la participación responsable de las y los funcionarios públicos encargados de ejecutar programas y proyectos. En otras palabras, la contraloría social actúa como un complemento ciudadano que refuerza, pero no sustituye, el trabajo de los auditores internos.

Durante el taller se analizaron los marcos legales que regulan la contraloría social, entre ellos lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social, normativa que contempla la participación ciudadana como un elemento clave en la supervisión de las políticas públicas. Las autoridades señalaron que el conocimiento de estas disposiciones legales es fundamental para quienes participan en la gestión de recursos públicos, ya que permite garantizar que las acciones gubernamentales se desarrollen conforme a la normativa vigente.

Asimismo, se destacó la responsabilidad compartida de funcionarios, secretarios, integrantes de asambleas y personal operativo en la correcta administración de los recursos públicos. No se trata solo de los altos mandos; cada persona que maneja un expediente, autoriza una compra o supervisa una obra tiene una cuota de responsabilidad.

Una de las preguntas que suelen surgir en estos talleres es: ¿qué puede hacer un ciudadano común? Los mecanismos de contraloría social incluyen:

● Integrar o participar en comités de vigilancia ciudadana para obras específicas (pavimentaciones, escuelas, centros de salud).

● Solicitar información sobre el avance y destino de recursos públicos mediante transparencia proactiva.

● Reportar anomalías a los órganos internos de control o a la Contraloría Estatal.

● Asistir a las audiencias públicas o foros ciudadanos donde se presentan resultados de obras.

De acuerdo con los organizadores, la capacitación también tuvo como objetivo fortalecer las capacidades institucionales del personal municipal, dotándolos de herramientas que les permitan desempeñar sus funciones con mayor responsabilidad y eficiencia. Las autoridades señalaron que este tipo de actividades contribuyen a consolidar una cultura administrativa basada en la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas.

Finalmente, el Gobierno Municipal de Tulancingo reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones de capacitación y profesionalización dirigidas al personal de la administración pública, con el objetivo de mejorar la gestión gubernamental y garantizar el uso responsable de los recursos públicos.